Hace semanas reflexioné en estas páginas sobre la importante actividad que desarrollan extrajudicialmente los abogados, a través del asesoramiento y la resolución de conflictos mediante negociaciones, conciliaciones, mediaciones y arbitrajes. Hoy debo centrarme en la defensa ante los tribunales de los derechos y libertades de la ciudadanía, que es función exclusiva y genuina del abogado. Esa actividad profesional, que se ejerce en estrados revestido con toga o redactando escritos forenses, es absolutamente imprescindible en la vida social y fundamental en clave del estado de derecho, pues éste exige que el respeto a los derechos de las personas sea real, efectivo y susceptible de tutela. El poder judicial es esencial precisamente por ser el último recurso del ciudadano frente a todo tipo de ilegalidades y arbitrariedades.

Los abogados de toga son ineludibles porque ejercitan el derecho fundamental a la defensa de sus clientes y posibilitan así el funcionamiento de la administración de justicia. Sin abogados libres e independientes que hagan realidad el derecho de defensa llanamente no es posible impartir Justicia, pues ese derecho es la primera salvaguardia del proceso con todas las garantías que la Constitución proclama. La abogacía de tribunales incide tan directamente en la realización del derecho fundamental a la defensa que se constituye en presupuesto de funcionamiento del propio poder judicial.

La efectividad del estado de derecho se sustenta en dos pilares: el poder difuso que reside en cada juez o magistrado al ejercitar la jurisdicción y la profesión liberal que ejercen los abogados. La intervención letrada determina que se pueda dictar sentencia pero también, en buena medida, que esa resolución sea acorde con el valor superior y etéreo de la Justicia, al propiciar que la verdad material aflore al proceso y con ello pueda aplicarse más acertadamente el derecho. Los hechos revisten muchas tonalidades que se evidencian a lo largo del proceso gracias a la contradicción y a la actuación de los abogados, quienes articulan en derecho las pretensiones, formulan alegaciones, proponen pruebas, intervienen en su practica, informan sobre los hechos y la legalidad aplicable y, en su caso, recurren la resolución judicial ante tribunales de superior rango.

La excelsa función de los abogados resulta a la postre determinante, en positivo o en negativo, de la realización de la Justicia. Con sus aciertos propician una sentencia más justa, que bien lo saben los muchos buenos jueces que consideran a los letrados como lo que son: cooperadores necesarios, fundamentales e imprescindibles en la administración de la justicia. Y con sus errores de asesoramiento, estrategia de defensa o de otra índole, dificultan o impiden que el juez pueda hacer justicia material. Enorme responsabilidad la del abogado, en lógica correlación con la trascendencia y relevancia de su labor.

Mi larga vida profesional e institucional al servicio de la abogacía me permite testimoniar que la gran mayoría de mis compañeros son buenas personas y profesionales comprometidos, que aquello es presupuesto de esto. No son justos los estereotipos que les denigran, cuando los sondeos de opinión califican con notable a estos profesionales. Al recabar la opinión sobre su concreto abogado los ciudadanos elevan la nota a sobresaliente, lo que resulta altamente significativo. Es claro que en la generalidad de los casos los abogados no defraudan la confianza en ellos depositada por sus clientes.

Por ello resulta injusto y lamentable que unos cuantos desalmados, auténticos mercenarios del derecho, manchen la imagen de un colectivo y de una profesión esencial en el ámbito de la Justicia, ese valor fundamentalísimo por el que cotidianamente trabajan con mucha abnegación y dignidad la enorme mayoría de los jueces y abogados. Bienaventurados los abogados que honrada y responsablemente se entregan cada día a propiciar la realización de la Justicia, porque en buena medida ese bien social es también obra virtuosa suya.

José Joaquín Gallardo es abogado.