La expansión del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana hasta Tarifa es inviable legalmente y pone en riesgo el abastecimiento de más de 800.000 personas

La expansión del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana hasta Tarifa es inviable legalmente y pone en riesgo el abastecimiento de más de 800.000 personas

Ecologistas en Acción advierte que el proyecto promovido por el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y el alcalde de Tarifa para extender la red de la Zona de Abastecimiento Gaditana hasta Atlanterra es ilegal y carece de concesión administrativa.

El Ayuntamiento de Tarifa ha venido promoviendo grandes desarrollos urbanísticos sin tener garantizado el abastecimiento de agua, lo que, además de ser ilegal, ha provocado continuos problemas de abastecimiento. La urbanización de Atlanterra los ha padecido verano tras verano; en vez de solucionarlos, el Ayuntamiento aprobó una nueva macrourbanización denominada Cabo Plata, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras. Cuando se aprobó esta macrourbanización en 2009, tanto el Ayuntamiento de Tarifa como la Junta de Andalucía aseguraron que existían suficientes recursos de aguas en el pantano de Almodóvar para abastecerla. Sólo Ecologistas en Acción alegó en contra, advirtiendo de que no existían suficientes recursos hídricos en la cuenca del Barbate para abastecer esta desmesura urbanística. Las alegaciones fueron desestimadas por el Ayuntamiento.

El proyecto del Ayuntamiento de Tarifa de conectar Atlanterra con la Zona de Abastecimiento Gaditana, trayendo agua desde el pantano de Los Hurones, es la muestra de que se falsearon los informes para permitir la aprobación de esta macrourbanización.

Ahora, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz (PSOE), promete que va a solucionar definitivamente el problema del abastecimiento de agua a estas dos urbanizaciones con la integración del municipio de Tarifa en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), lo que está expresamente vetado en la Ley del Trasvase Guadiaro-Majaceite.

En la Ley 17/1995 de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del Guadiaro a la cuenca del Guadalete se condicionó este trasvase a que sólo se abastecería a los municipios incorporados entonces a la Zona de Abastecimiento Gaditana, entre los que no están ni Vejer, ni Barbate, ni Tarifa. Conectar a estos municipios vulneraría el artículo 1 de esta Ley, y Ecologistas en Acción lo recurriría ante los tribunales. El trasvase era únicamente para enjugar el déficit existente en las 15 poblaciones integradas en el CAZG, que son: Algar, Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Jédula (Arcos), Jerez, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, Sanlúcar y Trebujena. Por tanto, no puede ampliarse a nuevas poblaciones, y menos tan alejadas de la cuenca del Guadalete, lo que significaría un nuevo trasvase encubierto que terminaría generando déficit y restricciones en esos 15 municipios.

Para abastecer a la nueva urbanización se pretende construir una nueva conducción de 15 kms. y un nuevo depósito de 4.500 m3, lo que supone un coste de unos 9 millones de euros; gasto público para negocios privados.

El CAZG se ha venido expandiendo de forma ilegal a diversas poblaciones de la provincia, en casi todos los casos para abastecer proyectos urbanísticos de carácter claramente especulativos. Así, se han conectado con la Zona de Abastecimiento Gaditana los municipios de Vejer, Barbate y Benalup, y ahora se pretende extenderla hasta Tarifa. El CAZG abastece a más de 800.000 habitantes, que verán en riesgo el abastecimiento si se sigue con esta expansión ilegal e irresponsable. Este año ya hemos tenido el primer aviso de lo que puede suceder ante un periodo de sequía. Periodos que se acentuarán ante el escenario de Cambio Climático que reducirá aún más los recursos hídricos en nuestra región.

La integración de Tarifa en el CAZG es un subterfugio para aparentar que existen garantías de abastecimiento para estas nuevas macrourbanizaciones, pero lo importante no es pertenecer a este organismo, sino disponer de concesiones de abastecimiento, que deben estar respaldadas por el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate. Pues bien, el abastecimiento a Atlanterra y Cabo Plata ni está contemplado en el mencionado Plan Hidrológico, ni tiene la correspondiente concesión de aguas por parte del organismo de cuenca, que es la Junta de Andalucía.

Pero lo que es aún más grave, el Ayuntamiento de Tarifa carece de concesión de aguas desde el embalse del Almodóvar; la que existía está caducada. Esta situación demuestra la negligencia del Ayuntamiento de Tarifa, sólo dedicado a promover proyectos urbanísticos especulativos, sin tener garantizado el abastecimiento de agua incluso para el propio núcleo urbano de Tarifa. Francisco Ruiz (PSOE) actúa más como gerente de las empresas constructoras que como alcalde de Tarifa

El Ayuntamiento de Tarifa sigue tramitando macroproyectos urbanísticos en el litoral sin ninguna garantía de disponibilidad de agua para abastecerlos. Actualmente está en tramitación el proyecto urbanístico de Los Lances, con 616.578 m2, que incluiría 824 nuevas viviendas y hoteles con una capacidad de 1.678 plazas. Además, el PGOU de Tarifa contempla otras cuatro macrourbanizaciones en el privilegiado litoral de Valdevaqueros y Los Lances. Millones de metros cuadrados urbanizados, campos de golf, miles de viviendas y plazas hoteleras, centros comerciales… sin agua.

Ecologistas en Acción recurrirá cualquier proyecto o concesión de agua fraudulenta para que el agua del pantano de Los Hurones llegue hasta Tarifa. Cada municipio y cada cuenca debe adaptarse a sus propios recursos hídricos. La expansión irresponsable de regadíos y urbanizaciones nos llevarán al colapso.

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