Sevilla, 23 abr (EFE).- El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha
acordado pedir a la Fiscalía General del Estado que adopte medidas en
defensa de los derechos de los detenidos en las causas mediáticas y
que investigue las filtraciones que habitualmente se producen en
operaciones policiales y judiciales.

Los abogados andaluces consideran que en operaciones de esa
naturaleza, «muchas veces las detenciones se practican con innecesaria
espectacularidad policial e indebida publicidad», lo que perjudica de
forma «grave e injusta la imagen, su honor y dignidad».

Así lo ha dicho a Efe el responsable de relaciones institucionales de
los abogados andaluces y decano del colegio de abogados de Sevilla,
José Joaquín Gallardo.

La comisión permanente del máximo órgano de la abogacía andaluza,
presidido por José Pascual Pozo e integrado por los once colegios de
abogados existentes en la comunidad, ha considerado «lamentables y
vergonzosas» esas filtraciones.

También reprochan que se produzcan inmediatamente antes de practicarse
operaciones en las que se «sobredimensiona» el aparato policial, lo
que implica propiciar el «espectáculo mediático y la retransmisión en
directo de detenciones de personas con mayor o menor relevancia
pública e incluso anónimas».

Todo ello, cuando las detenciones debieran practicarse siempre «con la
máxima discreción y sin pretender réditos de marketing policial», ha
añadido el decano de los abogados sevillanos.

Según Gallardo, se constata, «por notoriedad», que muchas de esas
detenciones se vienen produciendo de manera «manifiestamente ilegal al
anunciarse indebidamente y a pesar del secreto sumarial».

Esas prácticas se producen a pesar de la obligación que tienen los
funcionarios policiales de preservar en todo lo posible los derechos
del detenido a su propia imagen y reputación, ha añadido.

En numerosas ocasiones, se trata de «detenciones desproporcionadas por
innecesarias a los fines de la investigación judicial, lo que hace
preciso que los fiscales vigilen especialmente que en ese ámbito se
respete escrupulosamente la legalidad y los derechos de los ciudadanos
que son detenidos», ha enfatizado.

En la comunicación que se remite a la Fiscalía General, se asevera que
se viene vulnerando con demasiada frecuencia el artículo 520 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, que exige que «la detención se practique
en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación
y patrimonio».

Por ello, el organismo autonómico de los letrados lamenta la dañina
imagen de «estado policial» que se está propiciando con esas
detenciones, practicadas «con amplia cobertura mediática e innecesaria
espectacularidad policial, cuando la imagen que debiera proyectarse a
la sociedad es la de un «estado de derecho» respetuoso con los
derechos de los ciudadanos». EFE