Izquierda Unida defenderá en el próximo Pleno de la Diputación Provincial una moción en la que solicita que se inste al Gobierno central a aplazar las fechas fijadas para que los ayuntamientos se adapten a las medidas enmarcadas dentro del proceso de liberalización del mercado energético. La formación política considera necesario dotar a las corporaciones locales de “un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación”.

El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, José Antonio Barroso, recuerda en la moción que nueva Ley separa a los consumidores de Alta Tensión y a los de Baja Tensión, en función de si se igualan o superan los 10 Kw. en la potencia contratada. Asimismo, el 1 de julio era la fecha prevista para la extinción de las tarifas integrales de energía eléctrica, estableciéndose unas tarifas de último recurso –precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores a quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal- para consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión, es decir, con potencia contratada inferior o igual a 10 Kw.

De esta manera, partir del 1 de julio, “todos los suministros de baja tensión que no hayan optado por el pase al mercado libre, contratando el suministro con una comercializadora, pasan a una comercializadora de último recurso (CUR) con una Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) regulada por el Gobierno”. Las CUR serán las únicas comercializadoras obligadas a contratar los suministros con derecho a ello y al precio fijado por el Gobierno, además de ser las únicas comercializadoras que podrán dar el Bono Social.

Barroso denuncia que esta situación “va a provocar irremediablemente que los ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 Kw, y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas”. Para el diputado, “esta es una situación de falta de información e incertidumbre donde las corporaciones locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado”.

Asimismo, indica que “mientas los ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5 % cada mes mientras no se pasen al mercado libre, pues la norma así lo establece, para estimularlos a que lo hagan, con lo que se prevé que la subida de la tarifa eléctrica para la mayoría de los ayuntamientos en los próximos meses será muy elevada”.

En este sentido, Izquierda Unida solicita en la moción que se suspenda “sine die, la penalización del 5 % cada mes en el recibo eléctrico de los ayuntamientos por no pasarse al supuesto mercado libre”. Finalmente, pedirá al Pleno que inste al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a que de manera urgente, considere a los servicios esenciales municipales (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues y a los servicios públicos en general) que tenga una potencia menor o mayor de 10 Kw. como afectados por la Tarifa de Ultimo Recurso, con la obligación de las Comercializadoras de Ultimo Recurso de prestar el suministro a las corporaciones locales”.