El sindicato SPJ-USO expresó ayer las quejas de los funcionarios del Juzgado de Paz de la localidad ante la «paralización» de este servicio como consecuencia de la «falta de medios materiales». De esta situación responsabiliza, en primera instancia, al Ayuntamiento, pero además a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia.

Desde el día 7 de este mes de enero los empleados del juzgado «no pueden mandar» comunicaciones escritas porque «la oficina de Correos devuelve todo lo que lleve franqueo del Ayuntamiento», por impago de una deuda municipal. Además la fotocopiadora está averiada desde octubre, sin que el servicio técnico de reparación acceda a efectuar el pertinente arreglo. El aparato provisional que usan como fotocopiadora carece de tóner desde principios de enero porque la tinta «se envía contra reembolso y el Ayuntamiento no lo paga».

El Juzgado no puede entregar certificaciones del Registro Civil ni comunicaciones judiciales, «pudiendo provocar suspensiones de juicios o vistas y la paralización de expedientes en otros partidos». Como posibles casos graves, el sindicato cita advierte que al no poder remitir las actas de comparecencias a los juzgados que instruyen causas, los imputados pueden ser detenidos «por no haber cumplido supuestamente con la obligación impuesta por el tribunal».

SPJ-USO afirma que de estos problemas están informados el Juzgado Decano de Sanlúcar -cabeza del partido judicial-, el responsable del Registro Civil sanluqueño, el Ayuntamiento y la Junta. «Después vienen las lamentaciones y se busca un responsable entre el personal del juzgado, es decir, en el sitio equivocado», apostilla la organización sindical.