El diputado del PP por la provincia de Cádiz Aurelio Sánchez Ramos señaló hoy que el pasado 30 de septiembre se aprobó en una Comisión del Congreso una proposición de PP, apoyada y pactada con el PSOE, en la que se indica que es el Gobierno quien tiene que realizar la metodología de los estudios y supervisar los proyectos para la instalación de parques eólicos, por lo que señaló que el alcalde de Chipiona (Cádiz), Manuel García (PSOE), «no puede dar por válido» el proyecto únicamente «por un informe encargado a demanda de parte a los ecologistas».

En declaraciones a Europa Press, Sánchez Ramos señaló que «el PP intenta buscar un equilibrio para satisfacer las necesidades energéticas compaginándolas con la de otros sectores como el pesquero, el turístico o el de conservación medioambiental».
Así, indicó que «dado la previsión importante de desarrollo de parques eólicos marinos, a los que el PP no se opone pero sí exige garantía de que no va a perjudicar a la pesca o la zona migratoria del atún», pidió en el Congreso «garantías para evitar que los parques pudieran afectar al atún o a otras especies comerciales, con la satisfacción de que la propuesta fue aprobada y pactada con el PSOE».

Sánchez Ramos señaló que se aprobó que el Gobierno en todas las áreas eólico marina que se establezcan en el Golfo de Cádiz se consideren como «zona con condicionantes y limitaciones, con la manifiesta necesidad de que para llevar a cabo cualquier desarrollo eólico se deberán realizar los necesarios estudios durante la fase previa y en la fase de desarrollo del proyecto piloto que deberá tener en cuenta el impacto que pudiera producir sobre la ruta migratoria del atún rojo, las especies de interés pesquero y las aves marinas».

Además, se aprobó que dicho estudio «cuya metodología y realización deberá ser adecuadamente supervisada, contrastada y debidamente estandarizada por la Administración competente deberá extenderse a un ámbito geográfico mucho más amplio que el propio de la instalación del parque eólico marino».

Por ello, Sánchez Ramos manifestó que «no vale lo que está haciendo en Chipiona pidiendo un informe y dando por bueno que eso es satisfactorio y que va a ser positivo, ya que la metodología, realización y supervisión de esos estudios debe autorizarlo el Gobierno».

Así, el diputado nacional del PP afirmó que con la proposición aprobada «se ha conseguido, sin renunciar a la instalación, que haya una garantía de que esa instalación no vaya a perjudicar la ruta migratoria del atún ni las especies más importantes del caladero».