Izquierda Unida exige a la Junta de Andalucía que ejerza una verdadera labor de control del servicio que prestan concesionarias de transporte público como Transportes Generales Comes en la provincia de Cádiz. Así, el parlamentario andaluz de IULV-CA por Cádiz, Ignacio García, pide a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que “no se limite a ejercer una labor de inspección sobre hechos consumados, sino que ponga los medios necesarios para evitar que se den situaciones indeseables tanto para los trabajadores como para el público en general”.

La demanda de Izquierda Unida surge a raíz de la respuesta parlamentaria recibida de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre el número expedientes sancionadores abiertos por la Consejería desde enero de 2004 hasta la fecha, el motivo de los expedientes y el estado de tramitación de cada uno. Izquierda Unida realizó esta pregunta ante la afluencia cada vez mayor, de quejas por parte de usuarios sobre la suspensión de servicios y mala calidad general de funcionamiento de Comes.

En la respuesta ofrecida, la Consejería reconoce la existencia de 102 expedientes desde la citada fecha, de los que 49 concluyeron en sanción. García señala que los datos aportados por la Junta “demuestran que los trabajadores tenían razón cuando denunciaban los incumplimientos flagrantes por parte de la empresa en cuanto a horarios y al uso de los tacógrafos”.
Así, de estas 49 sanciones, 24 fueron por incumplimientos relativos a tacógrafo y tiempos de conducción, 6 por no exhibir información reglamentaria al público, 5 por incumplimiento de expediciones, 3 por no llevar documentación reglamentaria en el vehículo, 2 por falta de anotaciones en el libro de ruta y otros 2 por despacho de billetes y finalmente, se dieron además, casos de sanciones por impedir acceso a un usuario, por no portar la documentación obligatoria, por uso de vehículo no adscrito a la Concesión, por incumplimiento de parada, por incumplimiento del recorrido del servicio regular, por inadecuado estado de limpieza del vehículo o finalmente, por carecer de documentación de autorización especial.

El diputado de Izquierda Unida entiende que la Junta debe ser “mucho más exigente y rígida con las empresas que llevan su logotipo en los autobuses, entre otras razones, porque desempeñan un servicio público”. Para García, “si el Gobierno andaluz realmente apuesta por el transporte público no debe permitir esta acumulación de sanciones en una sola empresa; debe actuar con más contundencia y dejar de actuar sobre hechos consumados, sino de manera más preventiva, de forma que revierta en una mejor calidad del servicio a los usuarios y en unas mejores condiciones laborales”, puntualiza García.