IU reclama apoyo jurídico estatal a los afectados por la estafa bancaria de las participaciones preferentes

IU reclama apoyo jurídico estatal a los afectados por la estafa bancaria de las participaciones preferentes

Ignacio García considera que “mientras se pueden emplear 10.000 millones en rescatar a Bankia se deja en la estacada a miles de ciudadanos estafados”

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida y vicepresidente primero del Parlamento Andaluz, Ignacio García, ha mostrado hoy su apoyo a los “miles de ciudadanos de la provincia de Cádiz que han sido víctimas de la estafa de las participaciones preferentes” en numerosas entidades bancarias y ahora ven retenido su dinero de manera casi “perpetua”.

El parlamentario andaluz reclama al Gobierno central “una actuación contundente ante un engaño flagrante a ciudadanos que carecían de los conocimientos financieros necesarios para obtener este tipo de productos y que en un alto porcentaje de los casos se trata de personas jubiladas que invirtieron los ahorros de toda su vida”.

García considera que el Estado debe ofrecer su “máximo apoyo” y debe poner de manera inmediata a disposición de los afectados “un soporte de asistencia jurídica y en la medida de los posible, influir en las propias entidades bancarias para evitar que estas personas pierdan sus ahorros de toda una vida”. El parlamentario afirma que “resulta muy triste que cuando se está ayudando a la banca con rescates como el de Bankia, que puede llegar hasta los 10.000 millones de euros, mientras, se deje en la estacada a miles de personas que metieron su dinero en entidades de confianza”.

Izquierda Unida ha participado esta mañana en la concentración que ha tenido lugar en Bornos por parte de afectados de las participaciones preferentes. Según las estimaciones, la estafa ha afectado a unas 10.000 personas en la provincia de Cádiz, de las cuales, unas 3.000 son de la comarca de la Sierra, donde se han celebrado ya varios actos de protesta.

Las participaciones preferentes eran ofrecidas por las entidades bancarias como si se tratara de una imposición a plazo fijo y los clientes no eran informados debidamente de los riesgos que conllevaba este producto, principalmente, falta de liquidez, rentabilidad no garantizada y posibilidad de pérdidas cuantiosas en el capital invertido.

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